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11 de junio de 2020

La presión por las reformas policiales se traslada al Congreso

El lunes pasado, la bancada de congresistas negros de la oposición demócrata presentó un proyecto de ley para acabar con los casos de brutalidad policial.


Al cabo de más de dos semanas de protestas en las calles y de cuatro días de ceremonias y un funeral masivo para despedir a George Floyd, su hermano, Philonise, habló este miércoles en el Congreso de Estados Unidos y, con lágrimas en los ojos, le pidió a los legisladores que "pongan fin al dolor" y reformen a las policías.


"Estoy aquí para pedirles que le pongan fin. Pongan fin al dolor", les rogó.

Tratando de contener las lágrimas y con un tapabocas negro con la imagen de su hermano, Philonise relató paso a paso y con lujo de detalles cómo murió su hermano, asfixiado por la rodilla del policía que lo estaba deteniendo por usar un billete falso de 20 dólares, bajo la atenta y pasiva mirada de otros tres agentes en Minneapolis, en Minnesota.

"Eso fue un linchamiento moderno", denunció y, en un tono desafiante, interpeló a todos los congresistas presentes, incluidas las máximas autoridades de la cámara baja de ambos partidos: "Les hago una pregunta: ¿Eso es lo que vale la vida de un hombre negro? ¿Veinte dólares?"

El lunes pasado, la bancada de congresistas negros de la oposición demócrata presentó un proyecto de ley para acabar con los casos de brutalidad policial.

El texto, que cuenta con el apoyo de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, propone crear una base nacional de "antecedentes policiales", prohibir la táctica de ahorcar a un detenido, acabar con la normativa que impide demandar a los cuerpos policiales, hacer que sea obligatorio el uso de cámaras en los uniformes para los agentes de todo el país y prohibir el uso de armamento militar para los policías.

Además, incluye una iniciativa que ya tiene media sanción de la Cámara de Representantes, dominada por la mayoría opositora, para convertir el linchamiento en un delito de odio federal.

El proyecto de ley está lejos de pedir la desfinanciación de las policías, como reclama el movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) en la primera línea de las protestas en las calles o como djieron interpretar el lunes algunos líderes del oficialismo republicano, como el presidente Donald Trump y el líder de la bancada en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

Tanto Pelosi como McCarthy siguieron el inicio del debate en la Comisión Judicial de la cámara baja desde los asientos destinados al público y no intervinieron, según el canal ABC News, que trasmitió en vivo la larga audiencia en su página web.

Aunque la oposición demócrata tiene mayoría propia en el pleno, el tema divide a ambos partidos y las enmiendas que se negocien en esta primera etapa tendrán en cuenta la necesidad de que sea aprobadas también en el Senado, donde el los republicanos mantienen el control de la mayoría absoluta.

Mientras en Minneapolis el gobierno municipal y el Departamento de Policía están avanzando con cambios profundos y en el estado de Nueva York el gobernador prometió "una reforma importante" de la policía, los puntos del proyecto de ley que cuentan con apoyo de ambos partidos son mucho más limitados.

Según el canal CNN, existe un consenso alrededor de la creación de una base de datos federal que evite que un policial con historial de abusos y discriminación pueda transferirse a otro estado y volver a empezar con un historial nuevo.

También hay un apoyo bipartidista a aumentar el uso de las cámaras en los uniformes policiales -aunque no está claro si se aprobaría una ley que lo haga obligatorio- y a terminar con las órdenes de allanamientos o detención que permiten no dar aviso previo, como sucedió en marzo pasado con Breonna Taylor.

Taylor, una técnica médica de 26 años, murió cuando tres policías de Louisville, en Kentucky, entraron por la fuerza a su departamento y se tirotearon con su novio, quien creyó que eran ladrones. Los policías tenían una orden de allanamiento, pero no dieron aviso ni se identificaron.

Pese a que esto no es legal, muchos policías sostienen que no se identifican ni avisan que tienen una orden para allanar para no poner en peligro sus vidas ni el operativo, un argumento al que utilizan cuando se pide prohibir el estrangulamiento como técnica para detener a un sospechoso, la misma que se uso sobre Floyd.

Mientras el debate y la presión se trasladó hoy de las calles al Congreso en Washington, en Minneapolis, el jefe de la Policía, el afroestadounidense Medaria Arradondo, anunció una nueva medida inédita: se retiró de las negociaciones de contratos con el sindicato de la fuerza, una institución que en los hechos ha funcionado como el principal opositor a los intentos de reformas, según denunció en la prensa el propio fiscal general del estado de Minnesota, Keith Ellison.

Tras anunciar su decisión, Arradondo explicó que conducirá una revisión de cómo son las contrataciones actuales "para dar más transparencia a la comunidad y más flexibilidad para una verdadera reforma".

Además, informó que el Departamento de Policía de la ciudad comenzará a utilizar un sistema de seguimiento del comportamiento de cada agente para "identificar señales tempranas de alerta de conductas equivocadas y proveer estrategias para intervenir", según informó ABC News.

En los últimos días, el Consejo Municipal de Minneapolis aprobó la prohibición del estrangulamiento como técnica para la detención sospechosos y se comprometió a "desmantelar" el Departamento de Policía para construir un modelo de seguridad pública alternativo que "garantice la protección de la comunidad".

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