Por Gabriela Ensinck - Red Argentina de Periodismo Científico 20-04-2022 | 22:32

El 19 de julio de 1924, entre 300 y 500 indígenas que realizaban una huelga en reclamo por una justa retribución por la cosecha de algodón, fueron acribillados desde un avión por la policía y civiles armados que respondían al gobernador del territorio chaqueño, Fernando Centeno.

Ese hecho, conocido como la Masacre de Napalpí y silenciado durante casi un siglo por la historia y los medios tradicionales, está siendo juzgado como crimen de Lesa Humanidad. Y los documentos hallados por la historiadora del Arte e investigadora del Conicet Mariana Giordano serán parte de las pruebas en el Juicio por la Verdad que se inició el 19 de abril en Resistencia, Chaco.

Giordano, quien se desempeña como investigadora principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) y es docente en la Universidad Nacional del Nordeste  (UNNE) trabaja con la imagen y el discurso sobre los aborígenes chaqueños desde su tesis de licenciatura, hace más de 20 años.

La historiadora aportó a la causa imágenes fotográficas de la época tomadas por el antropólogo y lingüista alemán Lehmann Nitsche el día de la masacre, que se encontraban en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Una de esas imágenes, muestra un avión con el piloto en la cabina sobre el que se distingue la inscripción "2 Chaco" y delante de él funcionarios, policías con fusiles y el propio Nitsche, además de vecinos criollos y, en un segundo plano, los indígenas que no se adhirieron a la huelga y estaban identificados con un pañuelo blanco.

“Siempre me pregunté por qué esos aborígenes llevaban un trapo blanco. Y a partir de relatos orales de los sobrevivientes, aportados por el colega historiador Qom Juan Chico (fallecido en 2020) logramos reconstruir lo que había pasado: Días antes de la masacre, las autoridades distribuyeron esos pañuelos blancos entre los originarios que no se adhirieron a la huelga para “marcarlos” y diferenciarlos de los “rebeldes”, cuenta Giordano.

Para hacer salir a las personas de sus casas -entre ellos, mujeres y niños-, desde el avión arrojaron comestibles y golosinas, y luego los acribillaban desde el aire.

“Trabajo desde la cultura visual y la antropología, en la representación que se hace desde la sociedad y los medios hegemónicos de los pueblos originarios. Una constante es describirlos en la prensa y estigmatizarlos como revoltosos y poco afectos al trabajo, cuando la realidad es que estaban siendo explotados”, explica la historiadora a Télam.

“Los métodos que uso se basan en cruzar las fotografías y otros documentos gráficos con un marco teórico que concibe a la imagen como una construcción o un recorte de la realidad. Lo que queda afuera del campo visual se completa con documentaciones, registros periodísticos y memorias de las comunidades. Porque las imágenes no hablan por sí solas, requieren un contexto”, remarca.

El rol de la prensa en la historia

Para realizar su investigación, Giordano recurrió a registros de diarios de la época. La mayoría trató el tema como un “enfrentamiento”, aunque relatos orales de testigos directos confirman que los aborígenes en huelga estaban desarmados. Y también revelaron detalles escalofriantes, como el hecho de que -previo al tiroteo-, se arrojaron comestibles y golosinas desde el avión para hacer salir a las personas de sus casas (entre ellos, mujeres y niños) y luego acribillarlos desde el aire.

Los relatos de sobrevivientes, compilados por Juan Chico, también describen que la persecución y muerte de los huelguistas continuó varias semanas en un territorio por entonces selvático y de muy difícil acceso.

Pese al ocultamiento y tergiversación por parte de la prensa hegemónica, El Heraldo del Norte, un diario chaqueño opositor al gobierno que se editaba en Corrientes, sacó una edición especial un año después de la masacre, en 1925. Allí denunció lo ocurrido y culpó al gobierno nacional, en connivencia con las autoridades locales y algunos empresarios y colonos blancos, de la masacre.

La documentación histórica, junto con los relatos de testigos directos, permitieron reconstruir el hecho como una matanza perpetrada por el Estado (por entonces Chaco no era provincia, sino un Territorio Nacional) durante el gobierno de Marcelo T de Alvear, y dentro de una “reducción” (nombre que se daba a los espacios donde vivían y trabajaban confinados los indígenas, y que hoy serían considerados como campos de concentración).

Esto llevó a que, casi un siglo después, en 2014, por iniciativa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal del Chaco, a cargo del Fiscal Diego Vigay, se iniciara una investigación y pedido de juicio por Genocidio.

La investigación de Mariana Giordano

VER VIDEO

Audio