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16 de septiembre de 2020

Relocalizan en un barrio Procrear a familias que iban a ser desalojadas

Veintiséis familias, que en 2015 lograron frenar su desalojo del predio de Nueva Pompeya donde se construía un barrio de viviendas, que no los incluía, lograron ser relocalizadas en otra urbanización del mismo programa en Parque Patricios.


La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) “impulsó su desalojo a través del procedimiento ‘inaudita parte’ establecido por la ley 17.091” vigente desde tiempos de la dictadura de Juan Carlos Onganía, que en la práctica significó que “ni siquiera les notificó la demanda” a los afectados.

“Tras recibir fallos adversos en todas las instancias del proceso de desalojo, desde el Programa DESC se inició en 2017 un amparo colectivo contra el Estado Nacional con el objeto de que se garantizara el derecho a la vivienda de las familias afectadas”, explicaron en un comunicado

“Este amparo y el reconocimiento de El Campito en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) detuvieron el inminente desalojo y abrieron el camino a un largo proceso de negociación que culminó con la relocalización de 26 familias entre noviembre de 2019 y marzo de 2020”, agregaron.



Producto de una mesa de trabajo exitosa, el pasado 13 de agosto diecinueve familias “recibieron las escrituras de dominio de sus nuevas viviendas ubicadas en el complejo urbanístico Estación Buenos Aires” de 2.400 viviendas, que Procrear tiene en el barrio de Parque Patricios, distante unas 20 cuadras de El Campito

“En la demanda planteamos que se urbanice el predio y, de no ser posible como ocurrió en este caso, que se relocalice pero respetando estándares de derechos humanos, tales como que la gente pueda participar del proceso de relocalización, que la mudanza sea lo más cercana posible para no generarles desarraigo y que las condiciones de pago de crédito sean accesibles a las familias”, dijo a Télam Sebastián Tedeschi, Defensor público coadyuvante que tuvo a su cargo la representación de las familias en el caso.

Todos esos aspectos están contemplados en el acuerdo alcanzado que “es una buena solución de un conflicto de un asentamiento que no se puede regularizar” con la radicación en el lugar, dado que “el gobierno al principio fue por desalojo, pero luego armó una mesa de negociación” que permitió arribar a esta salida consensuada “y eso es positivo sobre todo en este contexto de toma de terrenos” porque plantea “un modelo de intervención” alternativo.


Los ex habitantes de El Campito relocalizados tendrán “parte del precio final de la vivienda subsidiado” porque “se les reconoció lo que habían gastado en las construcciones que tenían en el asentamiento” y las cuotas “no superan al 30% de los ingresos” familiares, explicó este defensor público coadyuvante.

Tras este primer resultado exitoso, “se espera que en los próximos meses ocurra lo mismo con las ocho familias restantes que todavía no pudieron ser relocalizadas” y permanecen en El Campito, “a la espera de que se efectivice su derecho a la vivienda adecuada”.

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